Desde el 15 de enero, el mercado argentino de telefonía móvil entra en una nueva etapa: los teléfonos celulares importados pueden ingresar al país sin pagar aranceles. La decisión, impulsada por el Gobierno nacional, apunta a ampliar la oferta, incentivar la competencia y presionar a la baja los precios finales, aunque su impacto real será progresivo y no inmediato.
La medida establece una alícuota del 0% para la importación de smartphones y completa un proceso de desgravación que comenzó el año pasado, cuando los aranceles se redujeron del 16% al 8%. Con esta última modificación, desaparece por completo el impuesto a la importación de celulares, alineando al país con políticas de apertura comercial aplicadas en otros mercados de la región.
Menos impuestos, más competencia (en teoría)
El nuevo esquema forma parte del decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, y se complementa con cambios en los impuestos internos que alcanzan tanto a productos importados como a dispositivos fabricados en Tierra del Fuego. En el caso de celulares, televisores y aires acondicionados producidos en la isla, la carga impositiva interna pasó del 9% al 0%.
Además, otros segmentos del consumo tecnológico también se ven alcanzados por la reforma: los televisores y consolas de videojuegos importados reducen sus impuestos internos del 19% al 9,5%. Desde el Ejecutivo explican que el objetivo es mejorar las condiciones de oferta, facilitar el acceso a tecnología y reducir distorsiones de precios que, históricamente, encarecieron los dispositivos electrónicos en el mercado local.
Según proyecciones oficiales, la mayor competencia podría derivar en una baja de hasta un 30% en los precios de los celulares. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que ese escenario depende de múltiples variables, como la reacción de los fabricantes, los márgenes comerciales, la logística y el comportamiento del consumo.
Un impacto gradual en los precios
Aunque la normativa ya está vigente, no existen plazos definidos para que los consumidores perciban una reducción concreta en los valores de los equipos. La experiencia indica que los cambios impositivos no se trasladan de manera automática a los precios de góndola, especialmente en un mercado atravesado por la volatilidad cambiaria y los costos de financiamiento.
En ese sentido, la apuesta oficial se centra más en el mediano plazo: un ecosistema con mayor variedad de marcas, más modelos disponibles y una presión competitiva que limite sobreprecios estructurales. El acceso a tecnología, sostienen desde el Gobierno, es un componente clave para la inclusión digital y el desarrollo productivo.
El otro lado de la medida: alarma en Tierra del Fuego
Mientras el Ejecutivo destaca los beneficios potenciales para los consumidores, la decisión encendió alertas en Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la industria electrónica nacional. El sector industrial fueguino representa cerca del 78% de la economía provincial y genera alrededor de 8.500 puestos de trabajo directos.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande manifestaron una fuerte preocupación por el impacto que la apertura total de importaciones puede tener sobre la producción local. Marcos Linares, secretario adjunto del gremio, advirtió que la eliminación de aranceles profundiza un escenario adverso para la industria nacional y recordó antecedentes de conflictos laborales vinculados a políticas similares.
El temor central es que la pérdida de protección arancelaria reduzca la competitividad de las plantas locales frente a productos importados, poniendo en riesgo el empleo y la estabilidad económica de la provincia. En ese contexto, sindicatos y actores industriales evalúan posibles medidas y reclaman instancias de diálogo para amortiguar el impacto del nuevo esquema.
Un cambio estructural con efectos abiertos
La eliminación de aranceles a los celulares importados marca un punto de inflexión en la política tecnológica argentina. Mientras promete precios más competitivos y mayor acceso para los usuarios, también reabre el debate sobre el rol del Estado en la protección de la industria nacional y el equilibrio entre consumo, producción y empleo.
El resultado final dependerá de cómo se reconfigure el mercado en los próximos meses: si la competencia se traduce efectivamente en precios más bajos o si el ajuste recae, principalmente, sobre el entramado productivo local.
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